Navegar por lo inevitable: gestión responsable del reasentamiento involuntario

Cuando diseñamos proyectos de desarrollo, nuestro objetivo siempre es mejorar vidas. Idealmente, este objetivo se puede lograr con ninguna o mínima repercusión negativa. Sin embargo, en ocasiones e incluso después de una cuidadosa consideración de las alternativas, los impactos adversos directos o indirectos sobre algunos grupos no pueden evitarse por completo y, en cambio, deben gestionarse de manera responsable para garantizar que las personas afectadas por el proyecto no se vean perjudicadas por una operación financiada por el BID. Este es el caso del reasentamiento involuntario.

El reasentamiento involuntario se produce cuando los proyectos de desarrollo desplazan a las personas física o económicamente sin que tengan la opción de oponerse. El desplazamiento físico se refiere a la reubicación, mientras que el desplazamiento económico se refiere a la pérdida o restricción en el uso de la tierra, activos y recursos naturales que conducen a la pérdida de fuentes de ingresos, independientemente de si las personas afectadas están siendo desplazadas físicamente o si sus actividades económicas son formales o informales.

Los efectos de un proceso de reasentamiento mal diseñado y ejecutado son posiblemente los impactos más negativos y significativos que una comunidad, hogar o individuo puede sufrir. En el peor de los casos, un proceso de reasentamiento inadecuado puede hacer que un hogar se vea desarraigado, sin un refugio ni trabajo adecuado, y alejado de su red de apoyo y su vida social. Esencialmente, su mundo está patas arriba. E incluso cuando las consecuencias no son tan graves, un reasentamiento mal ejecutado puede dejar a la comunidad con un sentimiento de amargura y resentimiento.

Durante varias décadas, el BID ha tenido requisitos estrictos para las operaciones que implican reasentamiento involuntario, con el objetivo de proteger a los hogares y las empresas para que sus medios de vida y condiciones de vida sean, como mínimo, restablecidos durante el proceso de reasentamiento. Estos requisitos han sido mejorados recientemente por el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID, que ya entró en vigor.

Procesos y principios de un reasentamiento exitoso

El nuevo MPAS incluye un estándar dedicado a la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario (NDAS 5), que describe cómo se deben gestionar los riesgos e impactos asociados con la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario, incluida la necesidad de proporcionar medidas diferenciadas para garantizar que las personas vulnerables y marginadas no se vean afectadas de manera desproporcionada por el proceso.

A continuación se muestra un resumen del proceso que se debe seguir bajo el MPAS para la gestión eficaz de los impactos relacionados con el reasentamiento.

Detección: al principio del diseño del proyecto, determine si una operación requerirá adquisición temporal o permanente de tierras o restricciones sobre el uso de la tierra o los recursos naturales.
Evaluación: evalúe la naturaleza y escala de los impactos relacionados con la adquisición temporal o permanente de tierras y las restricciones sobre el uso de la tierra o los recursos naturales. Un censo demográfico robusto es clave para determinar la naturaleza y la escala de los impactos en los hogares y las empresas, y será la base para monitorear que las personas afectadas por el proyecto reciban la asistencia y compensación adecuadas. También puede proporcionar información importante para determinar el nivel de vulnerabilidad de hogares específicos y si requieren asistencia especial.
Gestión de impactos y compensación: una vez que la naturaleza y la escala de los impactos del reasentamiento se han evaluado por completo, la medida de gestión clave para esos impactos es la provisión de asistencia para el reasentamiento y de “paquetes” de compensación. Los “paquetes”, que pueden incluir, por ejemplo, una nueva vivienda y asistencia de mudanza para los hogares reasentados, se consultarán con los hogares y empresas afectados y se incluirán como parte del documento que guía el reasentamiento, comúnmente conocido como Plan de Reasentamiento.

Un principio clave para la compensación es que todos, independientemente de su estatus de propiedad sobre la tierra, deben recibir asistencia y compensación que, como mínimo, restablezca sus condiciones de vida y sus medios de vida. En la práctica, esto significa que las casas y los negocios deben reubicarse en contextos que sean al menos iguales al lugar de donde se mudaron, en un área que proporcione una red social similar, servicios públicos y privados, y medios de ingresos. Esto también incluye proteger a las personas que serán reasentadas de la exposición a desastres naturales o riesgos del cambio climático.

Otro principio clave para el reasentamiento es la participación de las partes interesadas, que debe comenzar en las etapas tempranas del diseño del proyecto y continuar hasta el cierre del mismo. Eso significa que los hogares y las empresas con el potencial de ser desplazados física o económicamente deben tener la oportunidad de aprender sobre el proyecto desde el inicio, en un momento en el que sus puntos de vista aún puedan influir en el diseño del proyecto y ayudar a minimizar el reasentamiento involuntario.

Medidas diferenciadas para personas y grupos vulnerables y desfavorecidos

El MPAS define a las personas y grupos desfavorecidos y vulnerables como aquellos que, debido a su estado, pueden tener más probabilidades de verse afectados negativamente por los riesgos e impactos relacionados con el proyecto y pueden tener una capacidad más limitada de aprovechar los beneficios del proyecto. Un estado de desventaja o vulnerabilidad no es el mismo en todos los contextos y, dependiendo de las circunstancias nacionales y locales, puede incluir personas con discapacidad, mujeres, pueblos indígenas y personas que son discriminadas debido a su clase económica, identidad de género, orientación sexual, religión, raza, color, origen étnico, edad, idioma y opinión política o de otro tipo.

Si existe la posibilidad de que las personas en situación de desventaja o vulnerabilidad se vean afectadas de manera desproporcionada por el reasentamiento involuntario, entonces se deben implementar medidas diferenciadas para prevenir esos impactos. Por ejemplo, si las personas con discapacidad visual se verán afectadas por el reasentamiento, se deben proporcionar medidas específicas para garantizar que puedan participar en igualdad de condiciones en las actividades de participación de las partes interesadas en las que se brinde retroalimentación sobre el proceso de reasentamiento. Entre otras medidas, esto podría incluir el suministro de documentos en braille.

El reasentamiento es un proceso complejo que requiere un enfoque personalizado para cada proyecto. Las personas cuyas propiedades o medios de vida se ven afectados negativamente por un proyecto deben ser consultadas y siempre deben recibir asistencia y una compensación justa. Si bien la carga del desplazamiento puede ser inevitable, el reasentamiento nunca debe dejar a las comunidades en una situación peor y siempre debe esforzarse por mejorar vidas.

Esta entrada hace parte de una serie sobre el nuevo Marco de Política Ambiental y Social (MPAS) del BID. Te invitamos a leer también:

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Una anécdota con moraleja: la importancia de los mecanismos de reclamación a nivel de proyecto

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